Reclutamiento infantil: una urgencia nacional frente al crimen organizado

La problemática del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado ha tomado nuevamente fuerza en la agenda pública, luego de las recientes denuncias presentadas ante el Senado por activistas y especialistas, quienes señalaron que en México existen casos documentados en los que menores son captados desde los 8 años de edad. La mayoría provenientes de zonas marginadas, son atraídos por promesas de dinero fácil o por medio de la violencia, posteriormente entrenados para participar en actividades delictivas como el narcomenudeo, el cobro de piso o incluso el asesinato.

Durante una audiencia realizada esta semana en el Senado de la República, activistas advirtieron que los grupos criminales han convertido algunas escuelas abandonadas en verdaderos centros de reclutamiento y adoctrinamiento. El fenómeno, lejos de ser aislado, se ha extendido en distintas regiones del país, principalmente en estados con fuerte presencia del crimen organizado.

Frente a esta situación alarmante, diversas voces han exigido al Estado mexicano medidas urgentes y eficaces. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) exhortó formalmente a México a tipificar como delito específico el reclutamiento infantil por parte de grupos delictivos. Aunque existen leyes generales para proteger a la infancia, el organismo internacional destacó que no hay una legislación clara que reconozca esta práctica como una violación grave a los derechos de los menores, lo que dificulta su prevención, sanción y erradicación.

Además, UNICEF hizo un llamado para crear una respuesta estatal integral que incluya acciones de prevención desde el ámbito educativo, comunitario y familiar. Proponen también la implementación de programas que generen oportunidades reales para los menores en situación de riesgo, especialmente en contextos donde la falta de opciones laborales y educativas los hace vulnerables ante el crimen organizado.

Por su parte, algunos senadores y representantes de la sociedad civil propusieron que se refuercen los programas escolares enfocados en la prevención del delito y que se fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno para monitorear zonas de alto riesgo, además de garantizar la protección inmediata a menores identificados como víctimas potenciales de reclutamiento.

El tema, que ha despertado la preocupación de organismos nacionales e internacionales, deja claro que se requiere de una acción decidida del Estado para proteger a la niñez y asegurar que las escuelas, lejos de ser espacios de riesgo, se conviertan en entornos seguros que garanticen el desarrollo integral de todos los estudiantes.

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